El presidente Gustavo Petro le pedirá al Congreso de la República, que inicia este martes sus sesiones, facultades extraordinarias que le den herramientas para poner en marcha políticas públicas que él considera de trascendencia y así, dicen en la Casa de Nariño, ganar tiempo mientras se tramita una ley en el Congreso. Es decir, lo hará a través de decretos firmados con su puño y letra. No se trata, sin embargo, de una petición inédita sino que replica solicitudes hechas por varios de sus predecesores. Pero ¿qué significa esta herramienta y para que le sirve? En esencia lo que permite básicamente es facultar al Presidente para que tome decisiones vía decreto, que tienen fuerza de ley, y así ejecutar de una manera más rápida cualquiera de sus iniciativas.
Eso significa que, al estar establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, al ser aprobarlo, el Congreso se despoja transitoriamente de su competencia y se la pasa a otra rama del poder para que ejerza como legislador.
Claro que esto requiere de unas condiciones concretas como es el hecho de que la aprobación en el Legislativo debe ser por mayoría calificada, esto es la mitad más uno de los integrantes de cada una de las cámaras. Eso significa, por ejemplo, que en el Senado se requerirá de 54 votos a favor de la iniciativa.
Otro hecho para destacar es que, desde el punto de vista de la conveniencia política, el presidente en este caso se estará evitando las controversias con los partidos políticos pues él de manera autónoma en sus decretos podrá tomar las decisiones.
Como se trata de decretos con fuerza de ley también tendrán una vigencia en el tiempo y está claro que el jefe de Estado no podrá extralimitarse con las funciones que se le aprueben y deberá restringirse a ellas.
Estos decretos que emita el presidente serán susceptibles de demandas por inconstitucionalidad.
Hasta ahora ha trascendido que son nueve las facultades extraordinarias que el presidente buscará en el Plan de Desarrollo.
Son las siguientes:
1. Crear la entidad u organismo denominado Agencia Nacional de Seguridad Digital.
2. Adelantar la recuperación del Hospital San Juan de Dios.
3. Regular las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas.
4. Regular los usos alternativos de la planta de coca y el cannabis, para fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas.
5. Crear una entidad pública cuyo objetivo principal es el fomento de la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales o de carácter regional.
6. Homogeneizar las disposiciones que regulan la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros.
7. Crear, suprimir, reestructurar, fusionar, escindir, liquidar o integrar empresas de generación, distribución y comercialización del sector eléctrico, con participación mayoritariamente de la nación.
8. Reestructurar la Superintendencia de Industria y Comercio para establecer los instrumentos que se requieran e implementar las políticas de reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular y comunitaria, incluyendo la definición de incentivos no tributarios, mecanismos para promover alianzas de atracción de inversión extranjera directa sostenible y transferencia tecnológica, cesión y gestión de activos y esquemas de financiamiento para el fortalecimiento productivo.
9. Expedir decretos con fuerza de ley, con el fin de modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción e incorporarlos al Sistema de Transferencias que trata el presente artículo. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política.
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