Tras ser acusado por la Fiscalía
por presuntas irregularidades en la contratación de las obras de mantenimiento
y pavimentación de un tramo de la Troncal La Paz, el gobernador de Antioquia,
Aníbal Gaviria, fue detenido este miércoles en su domicilio.
Según el ente judicial, el contrato fue suscrito cuando Gaviria
Correa se desempeñó como gobernador de Antioquia y su valor inicial fue de
$41.663.432.778. Fue firmado en 2005 y la Fiscalía cuestiona dos adiciones que
tuvo dicho contrato y las cuales suman $29.000 millones. Estas adiciones se
firmaron para varias obras complementarias, entre ellas la construcción de un
puente que servía para conectar esta troncal con el municipio de El Bagre,
Antioquia.
Así mismo, señala que la investigación da cuenta de que la
licitación fijó un anticipo del 25 % del valor básico del contrato; sin
embargo, “en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a
29%. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica
y correspondería a una modificación caprichosa”, sostiene la Fiscalía.
Para el ente acusador, las adiciones contractuales presentan
irregularidades en cuanto a plazos y anticipos de giros. Y, aunque los procesos
fueron adelantados por otros funcionarios, es Gaviria quien responde como
representante legal del departamento y ordenador del gasto; pues señalan que su
función era ejercer vigilancia y control sobre la destinación correcta de los
recursos.
Hay que recordar que este contrato se firmó con el Consorcio
Troncal de la Paz, del cual es accionista mayoritario el Grupo Solarte, cuyos
representantes son el ingeniero Carlos Solarte y su hija Paola, que están
investigados por otros contratos con Odebrecht.
Sobre este caso, ya existen investigaciones en la Contraloría y la
Procuraduría seccional Antioquia, quienes pusieron la lupa ya que el otrosí
para la construcción del puente de Nechí, se firmó cuatro días antes de que
Gaviria saliera de la Gobernación.
Así mismo, hay indicios de posibles anomalías en el trámite y
celebración del contrato adicional número 1 del 8 de noviembre de 2007, el cual
tuvo un valor de $3.995.000.000, y cuyo objeto fue pavimentar tramos pequeños
de la vía, así como garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no
fueron precisadas dentro del mismo contrato.
El fiscal delegado impuso medida de aseguramiento de detención
preventiva sin beneficio de libertad, la cual fue sustituida por detención
domiciliaria. La Fiscalía lo acusara ante la Corte Suprema de Justicia.
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