Vivimos en un entorno de imparable producción y demanda de datos. A la par, crece la preocupación en cuanto a la privacidad y veracidad. Nos preguntamos: ¿Quién es dueño de la información y cómo se regulan los datos? Los vacíos legales o conflictos en las regulaciones vigentes evidencian que la gobernanza de la información no ha logrado evolucionar con la misma velocidad que aquello que busca regular. El COVID-19 ha hecho que la demanda de datos confiables sea más elevada que nunca. Sin embargo, la falta de marcos institucionales estadísticos ha dificultado la coordinación entre las fuentes oficiales y, con ello, el dimensionamiento real del impacto de la crisis sanitaria. Ante esto, se vuelve indispensable la modernización de los marcos legales que definen cómo se generan, usan, distribuyen y protegen los datos.
Cuando la legislación estadística era la única gobernanza de datos
Hasta hace unas pocas décadas, los gobiernos tenían casi un monopolio sobre la producción de información a gran escala, con una amplia cobertura de la población en un país. Datos y estadísticas oficiales eran sinónimos, por lo que hablar de gobernanza de datos era equivalente a hablar de la legislación estadística. Esta legislación abarcaba aspectos relativos a la generación de datos (censos, encuestas y registros administrativos), transparencia (diseminación de datos) y protección de la privacidad (secreto estadístico).
Pero los tiempos han cambiado. En los últimos años la producción de información por parte de actores no gubernamentales ha crecido exponencialmente, igual que la demanda para acceder a la información generada por los gobiernos y la urgencia por proteger la privacidad de las personas. La nueva era de la información ha traído consigo el surgimiento de legislaciones especializadas para regular el acceso a la información gubernamental y la protección de datos personales. En los últimos 20 años, en América Latina y el Caribe se ha dado una ola de nuevas leyes en ambas materias. Estas leyes modernas han dejado claro que los gobiernos ya no tienen el monopolio ni sobre la producción ni sobre el uso de la información.
Sin embargo, este impulso modernizador en la legislación sobre acceso, uso y protección de datos, en muy contados casos ha estado acompañado de una actualización de los marcos legales que regulan la estadística oficial. Los marcos legales estadísticos se han visto rebasados por las problemáticas y complejidades de las nuevas fuentes y proveedores de datos. En algunos países el desfase es de más de sesenta años. Las leyes que fueron el origen de la gobernanza de datos se han quedado en el pasado.
¿Dónde está la región?
Una publicación reciente del BID hace un análisis comparativo de los marcos legales que rigen a las Oficinas Nacionales de Estadística de 18 países de América Latina. El documento destaca la gran dispersión en cuanto a la legislación vigente (ver Mapa No. 1) y se abordan casos de países de la región con avances destacables en los últimos años.
Por ejemplo, en 2019, Costa Rica modernizó su normativa estadística (Ley Núm. 9694). La nueva Ley contempla diversos elementos innovadores, tales como el fortalecimiento del rol de rectoría del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la conformación de un Comité Interinstitucional de Estadística con representantes de las diferentes instituciones productoras de datos oficiales, y la representación de los usuarios de datos en el Consejo Nacional Consultivo de Estadística.
Más recientemente, Paraguay, que tenía la ley más antigua de la región (1942), a finales del 2020 promulgó la Ley núm. 6670. Esta Ley establece la modernización del Sistema Estadístico Nacional (SISEN), la creación del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Consejo Nacional de Estadísticas como órgano consultivo del INE. Gracias a esta reforma se dan pasos firmes para fortalecer la capacidad estadística del país de cara a importantes ejercicios como el Censo Nacional de Población y Vivienda, el Censo Agropecuario Nacional o el Censo Económico Nacional.
Todavía queda camino por recorrer
Una legislación estadística moderna es indispensable para regular la producción, el intercambio y el uso de la información entre los diferentes productores y usuarios de datos, y generar un sistema robusto y confiable de estadísticas oficiales. Este proceso debe partir de un diagnóstico de la normativa estadística vigente que aspire a lograr una coherencia entre lo que está contemplado en la ley y las problemáticas actuales. Para fomentar este proceso de modernización y asistir a los países en el diagnóstico y en la actualización de su regulación estadística, el BID y la CEPAL han elaborado una Propuesta de ley genérica sobre estadísticas oficiales para América Latina.
Es fundamental que los países prioricen la actualización de sus marcos legales estadísticos. Esto les permitirá regular adecuadamente la labor de las Oficinas Nacionales de Estadística, responder de forma eficiente a la creciente demanda de datos sin comprometer la calidad o confidencialidad de la información, y promover una mayor coordinación y apego a los estándares entre todos los productores de datos, públicos y privados.
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