Después
de varios aplazamientos, este sábado la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales (Anla) realizará la audiencia pública clave para evaluar con las
comunidades directamente implicadas el retorno de las fumigaciones aéreas con
glifosato en cultivos ilícitos. Esta diligencia empezará este 19 de diciembre
desde las 8 a.m., pero se podría extender por días ya que, hasta el momento, El
Tiempo reporta que hay casi 350 inscritos en el formulario, pero la Anla está
evaluando quienes van a intervenir.
El
objetivo es socializar el Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación
de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato (Pecig). Si al
finalizar la audiencia la Anla aprueba la modificación en el plan de manejo
ambiental, el proceso del glifosato pasará al Consejo Nacional de
Estupefacientes (CNE) quien tiene la última palabra al ser la entidad que
define si se le da o no vía libre a estas fumigaciones que suspendió la Corte Constitucional
en 2015.
Esta
audiencia estaba citada para el 27 de mayo, pero el juzgado segundo
administrativo de Pasto la suspendió porque no estaban dadas las “garantías
reales y efectivas de participación para la comunidad en general, y conforme a
los parámetros de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015”. Según el
documento, no se pueden dar estas audiencias sin demostrar “la posibilidad de
acceso y participación masiva de la población”.
Posteriormente,
la Anla llevó a cabo 17 reuniones informativas sobre la audiencia con
diferentes comunidades, por lo que esta se hará presencial, teniendo en cuenta
una de las exigencias de las poblaciones que reclamaban el enfoque diferencial
frente a accesibilidad y el reconocimiento de comunidades campesinas, indígenas
o afros, por lo que expresaban la posibilidad de que hubiera dificultades de
conectividad y acceso a las tecnologías.
A
pesar de que ya se definió la fecha, 18 organizaciones sociales, ambientales e
indígenas, en cabeza del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, enviaron
una carta para exigir la suspensión de esta nueva audiencia pública reclamando,
de nuevo, pocas garantías de participación.
Por
ahora la audiencia se llevará a cabo porque no hay un pronunciamiento frente a
esta petición. De seguir, la Anla tendría 10 días para dar respuesta a la
audiencia, emitiendo un escrito con sus conclusiones y luego tendría otro paso
para finalmente anunciar si modifica o no el plan de manejo ambiental del
Pecig, le dijo a El Tiempo Isabel Pereira, directora de Política de Drogas de
Dejusticia.
La
profesional le explicó al diario que esa modificación que se haría no cumpliría
con todos los requisitos que exige la Corte para que regrese la aspersión aérea
al país. Solo estaría garantizando la evaluación de riesgos ambientales y le
quedaría faltando un estudio de riesgos para la salud que se le entrega al CNE,
la creación de un procedimiento de quejas para las comunidades y que se debe
priorizar la sustitución voluntaria de cultivos. Ya con estos puntos cumplidos,
el CNE tomaría la decisión de mantener o derogar la decisión de la Corte
Constitucional en 2015.
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