Las familias denuncian que no tienen a donde ir y que, sin trabajo, no pueden pagar arriendo, por lo que ocupar el espacio público es su única opción.
La desigualdad ha aumentado en Colombia desde que llegó el coronavirus. Aunque cualquiera se puede contagiar, los efectos de la pandemia y la cuarentena han golpeado de forma distinta a los sectores más vulnerables. El desempleo ha incrementado metafóricamente y demasiadas personas han perdido sus trabajos, lo que las ha llevado a perder sus casas.
En Bello, Antioquia, 35 familias que fueron desalojaron de un espacio público que ocuparon luego de que no pudieran pagar más su arriendo, se preguntan: ¿Qué se supone que pueden hacer sin trabajo ni un lugar para vivir?
Estas 35 familias —más de 100 personas— llevaban alrededor de un mes en un lote vacío de Bello, sobre la autopista norte, a la altura del sector de Guasimalito. Habían llegado de distintas partes de Medellín y alrededores. Algunas familias, incluso, habían sido desplazadas de otras partes de Colombia. Estaban en busca de un lugar donde pudieran resguardarse, y se regó la voz de un espacio abierto en el que podían acampar. Varios de los hombres de estas familias trabajaban o trabajan en construcción. Con palos y lonas verdes pusieron las primeras bases para asentarse e ir construyendo un refugio que los resguardara.
“No tenemos con qué subsistir ni pagar arriendo. Estoy desempleado hace aproximadamente cinco meses, desde marzo. Acudimos a estas cosas porque no tenemos pa’ donde coger”, explica Wilmar Velásquez Martínez. Solía vivir en un apartamento en el barrio Niquía con su madre, su abuelo, su sobrino y dos hermanos. Él solía trabajar en el campo, pero no ha podido volver por la cuarentena, y no ha resultado nada de las hojas de vida que ha entregado, y uno de sus hermanos perdió su empleo. Entonces, seguir pagando arriendo dejó de ser una opción y ocuparon ese terreno cuando se dieron cuenta de que estaba deshabitado.
Por esa línea corren todos los testimonios de las familias que fueron desalojadas: hogares grandes que quedaron debiendo varios meses de arriendo y no encontraron más opción que ocupar este espacio y destinar la poca plata que tienen a la compra de comida. Pagar arriendo se ha vuelto un lujo inalcanzable para ellos.
Así lo cuenta Luz Mery Mazo, cabeza de hogar con cuatro hijos menores de edad: “Debía cinco meses de arriendo en Niquía y nos desalojaron. Sabíamos de este predio y por eso llegamos acá. De las 35 familias que estamos acá, la mayoría estamos sin empleo por la pandemia. Lo poquito que uno se gana es para darle comida a los hijos. ¿Cómo vamos a pagar arriendo si no hay empleo? Yo era operaria de máquina. Hay hombres que trabajaban en construcción. Las amas de casa algunas tenían talleres y máquinas, pero ya no hay trabajo. La pandemia es lo que nos tiene en esta situación. Antes de que pasara esto, teníamos empleo”.
En el último mes, la Policía había ido en un par de ocasiones y les había advertido que no podían estar ahí. En todo caso, señalan que no habían recibido ninguna orden de desalojo, ni tampoco acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo ni la Alcaldía de Bello. Aun así, desde el miércoles 5 de agosto por la tarde, alrededor de las 2:00 p.m., llegaron al campamento integrantes del Esmad y la Policía. De inmediato inició el desalojo. “Llegaron muy alterados. Destrozaron todos los ranchitos con motosierra, ultrajando a niños y personas de avanzada edad. Todo fue violento, demasiado feo”, denuncia Velásquez.
En ese relato profundiza Mazo: “Yo estaba dentro de mi casa con mis hijos. Prendieron la motosierra, fueron tumbando y nos sacaron a las malas. No esperaron que sacáramos las camas, los closets, la estufa. Después de que mocharon fue que empezamos a sacar la madera, plomo, plástico, y con eso nos cubrimos anoche. Mocharon todo y ya. Mi hijo de 13 años fue golpeado porque no queríamos salir de la casa. Una policía le dio con el codo y le partió el labio porque no se quería quitar de mí. A un sobrino también lo golpearon. Ellos gritaban que no tumbaran las casas, pero no hubo compasión”.
Distintos testimonios señalan al capitán Alexander Garnica como el que encabezó la operación, y se quejan de no recibir ninguna orden de desalojo ni ningún documento que sustentara el operativo. “Cuando quedamos en la calle nos dijo que tampoco podíamos cocinar ahí. Les preguntamos que entonces qué íbamos a comer y el capitán Garnica dijo que podíamos comer palos”, cuenta Manuel Francisco Nerio. Asimismo, las familias denuncian que a las personas que grabaron los golpearon y les quitaron sus celulares para borrar las grabaciones.
Ricaudel Cabezas describe el desalojo como brutal y a los agentes que lo llevaron a cabo como groseros y atarbanes, pues no les importó que hubiera niños, personas recién operadas y una señora en silla de ruedas. Lo que más le preocupa es la detención de sus hermanos y su padre, Juan Guillermo Cabezas Paredes, Cristian Guillermo Cabezas Paredes y Juan Guillermo Cabezas Blanco, quienes además habrían resultado golpeados en el desalojo. A la hora de la publicación de este artículo, estaban en los trámites de papeleo para que fueran liberados.
Además de la acción misma del desalojo, las familias llaman la atención sobre la violencia de este. “No tuvieron piedad de las muchachas abrazadas con los niños mientras gritaban. Fueron mochando todo con una motosierra y machete. No importaban los niños que estaban adentro. Tuvimos que rogar para que nos dejaran sacar algunas cosas de nuestras pertenencias”, insiste Nerio. Las familias denuncian que una de las instituciones que hizo presencia fue el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que amenazó con llevarse a todos los menores de edad. Aunque en la noche del desalojo sí tuvieron acompañamiento de personal de derechos humanos, se quejan de que llegó tarde y fue insuficiente contra los abusos de la fuerza pública.
Las familias llegaron a hacer sus campamentos a esa zona como última opción, luego de haber sido desalojados de sus viviendas y de no poder pagar un techo cada noche. Ahora que fueron desalojados de nuevo, ¿qué les queda? En general, piden ser reubicados y, sobre todo, escuchados. “Exigimos una reubicación. No queremos apoderarnos del terreno, sino que nos escuchen en la problemática en la que estamos en estos momentos. Le pedimos al Gobierno que tenga compasión por nosotros y bregue por ayudarnos. Queremos algo digno para nuestras familias”, sentencia Wilmar Velásquez.
El ¿ahora qué? se vuelve una pregunta urgente, como muestran las palabras de Mazo: “Pedimos que se hagan presentes las autoridades competentes, como el Gobernador. El espacio público, el Esmad y la policía solo llegan a decirnos Acá no pueden estar. Pero nadie dice a dónde van a reubicar a las 35 familias. Ahora estamos bajo este puente, ¿pa’ dónde vamos a coger? Le pedimos presencia al gobernador. No estamos acá porque quisimos, nos tocó abandonar lo que teníamos”.
Redacción: elespectador.com
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